En el año 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 09 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción con el objetivo de sensibilizar a los gobiernos, funcionarios públicos y la ciudadanía en general respecto de este tema. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción está presente en todos los países y cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial y se pagan más de un billón en sobornos cada año.

No obstante, y en combate a la corrupción, en los últimos años el Estado mexicano ha implementado mecanismos para prevenirla. De esta forma, el principal antecedente para el combate normativo contra la corrupción fue la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, la cual creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello se promulgaron importantes leyes secundarias como la Ley General del Sistema Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió una Guía Anticorrupción1, dirigida a todos los intermediarios financieros del país con el fin de identificar los factores de riesgo relacionados con actos de corrupción en las relaciones con PPEs (Personas políticamente expuestas).

De igual forma el 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública lanzó un Padrón de Integridad Empresarial, el cual es un mecanismo que incorpora la inscripción de proveedores íntegros para prevenir a corrupción en las contrataciones públicas. Su objetivo principal es fomentar la integridad, la ética, la honestidad y la igualdad a través de la implementación de códigos de conducta, manuales de organización y procedimientos, sistemas de control, sistemas de capacitación, políticas de recursos humanos, sistemas y fomento a la denuncia, así como mecanismos de transparencia.

Todo este panorama ha facilitado la integración de principios básicos de ética al sector empresarial, resaltando la importancia de la integridad y la ética para los negocios y que a largo plazo se traducen en prácticas comerciales éticas, mejor reputación, alianzas comerciales y mejores oportunidades dentro del sector.

En la iniciativa privada, la COPARMEX también ha realizado esfuerzos por su parte encaminados a combatir la corrupción y de esta forma, emitió una Guía Práctica para la Implementación de Políticas de Integridad Empresarial2 para facilitar la comprensión del alcance, objetivo e importancia de un programa de integridad empresarial.

Los servidores públicos no son la excepción y es por ello que se señalan las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad de los negocios en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que se señalan los siguientes:

• Un manual de organización y procedimientos de las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura

• Un código de conducta.

• Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad.

• Sistemas adecuados de denuncia.

• Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación.

• Políticas de recursos humanos.

• Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

En Loxical estamos convencidas y convencidos que el camino de la transparencia, ética, anticorrupción e integridad basado en los principios de actuar con legalidad y honestidad, es el único que conduce hacia el éxito y cumplimiento en todas las materias y sectores.

“La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es uno de los principales instrumentos de los que disponemos para avanzar en esta lucha. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y sus metas también ofrecen pautas para la acción».

Secretario General de la ONU, Antonio Guterres

1Consulta la Guía Anti corrupción en: https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Guia_Anticorrupcion_2020.pdf

2Consulta la Guía de Integridad Empresarial en:

https://www.coparmex.org.mx/downloads/ENVIOS/GUIA_INTEGRIDAD_EMPRESARIA_121017.pdf

A pesar de que la pandemia por el virus SARS -CoV-2 detuvo prácticamente al mundo entero, no se hicieron esperar los nuevos esquemas de lavado de dinero dentro del marco de la emergencia de salud pública mundial por COVID-19; por esto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participó en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos en Lavado de Activos con países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se abordaron acciones que ayuden a combatir el lavado de dinero, así como el panorama de cooperación internacional en el mismo tema.

La participación de México en estas reuniones representa el esfuerzo que hace la UIF para prevenir que se lleven a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y para combatir las nuevas tipologías que puedan estarse conformando, como consecuencia de un evento imprevisible que ha venido a desequilibrar el orden mundial.

En abril del presente año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó la declaración de su Presidente respecto del COVID-19 y medidas para combatir el financiamiento ilícito1 , como pronunciamientro frente a los nuevos riesgos de delitos financieros, en el cual GAFI advierte a los países miembros para que sus órganos supervisores, unidades de inteligencia financiera e instituciones estén en constante comunicación y alerta para abordar los riesgos de lavado de activos.

Así también, el GAFI señala a los delitos digitales como principales delitos emergentes en el terreno de la pandemia, por lo que también emitió la Guía sobre identificación digital2 en donde se destacan los beneficios de la identidad digital al mismo tiempo que se mitigan los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo instando a los países miembro a examinar la adecuada utilización de las medidas simplificadas.

Por su lado, la UIF publicó dicha declaración como parte de las directrices a seguir para combatir el lavado de dinero en medio de una emergencia de salud que tiene al país entero volteado hacia sus políticas sanitarias más que a sus políticas financieras.

Si bien es cierto, México ha continuado con los convenios entre la UIF y otras entidades u órganos como la COPARMEX o el Gobierno de la Ciudad de México y no ha dejado de lado la pelea antilavado, así también se presenta un nuevo desafío para ésta y todas las unidades, ya que ahora se está exhortando a las instituciones financieras a reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera derivarse de algún ilícito.

Esta pronunciación del Presidente del GAFI va de la mano con los diferentes avisos3 que emitió la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network "FinCen" por sus siglas en inglés) para alertar a las instituciones financieras sobre posibles señales de estafas de impostores y esquemas de mulas de dinero, ambos fraudes al consumidor, que se han observado durante la pandemia por COVID-19. Estos avisos describen además de lo mencionado anteriormente, indicadores de alerta financiera e información sobre cómo reportar actividades sospechosas.

El principal esquema de estafas y fraudes derivados de la actual emergencia de salud es aquél en el que se comercializa equipo médico o se prometen apoyos económicos por parte del gobierno. En México, al inicio de la pandemia, la UIF comenzó a recibir reportes de operaciones sospechosas referentes a fraudes por venta de cubrebocas, medicamentos que falsamente curaban el COVID-19 o donaciones para supuestas investigaciones sobre dicho virus.

De ahí que no resulte sorpresivo que las actividades criminales fueron las únicas que -lamentablemente- no se detuvieron en esta pandemia, no así las actividades económicas, lúdicas, sociales, laborales y hasta de impartición de justicia, que se vieron obligadas a parar en seco por el bien de la ciudadanía. Y es que, no importa en qué situación se encuentre el mundo, el crimen, sea cual sea su objeto, pareciera que siempre encuentra la manera de sobresalir por encima de cualquier otra e incluso innovar en los esquemas bajo los que se llevan a cabo actividades ilícitas.

Bajo este escenario y estando inmersos en una nueva realidad sanitaria, que no podemos dejar de lado, se encuentran todos los actores del sistema financiero, incluyendo a las autoridades y los que procuran el cumplimiento normativo que ayude al combate de este delito en nuestro país, tomando nuevas medidas y sobre todo sumando esfuerzos para que el análisis de todas las operaciones que se lleven a cabo dentro de sus instituciones cobre fuerza y no sea un simple trámite.

No resta importancia mencionar que, los oficiales de cumplimiento y sus equipos deben comprender la importancia de su papel dentro del aparato combativo al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que son bajo sus lupas donde se llevan a cabo las operaciones que pueden llegar a permear al sistema financiero.

Ante este panorama, aunado a los esfuerzos por cumplir con las normas sanitarias y combatir un virus que llegó sorpresivamente a azotar al mundo entero y darle un giro a las vidas de los ciudadanos de prácticamente todos los países, también nos enfrentamos a nuevos retos en el ámbito financiero con la presencia de actividades que deriven de delitos que lamentablemente ocurren en el marco de esta pandemia y que, valiéndonos del término, mutan junto con la realidad para seguir llevando a cabo sus fines ilícitos y para los que debemos estar preparados y alertas.

97% [1] del mercado mexicano de las aplicaciones de citas en línea reposa en Tinder y Grindr, cada una con su propio nicho establecido. Se recuerda a Grindr como la primera aplicación en 2009, que permitía conectar desconocidos para relaciones sentimentales o sexuales, orientada exclusivamente al público LGBTQ+.

Desde entonces, el volumen de usuarios crece de manera en exponencial y las aplicaciones se multiplican al mismo tiempo que los usuarios ven expuestos sus datos personales y su privacidad en esta encrucijada que nos plantea el LoveTime Digital. La preocupación se sitúa, hoy, del lado de las asociaciones de consumidores, entes administrativos, gubernamentales y regulatorios, por el uso indebido e indiscriminado de los datos personales que compartimos en permanencia.

A nivel internacional, la Comisión Europea ha liderado la creación, puesta en marcha y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD"), en vigor desde el 25 de mayo de 2018, con una serie de disposiciones que buscan proteger los datos personales de sus ciudadanos y fortalecer los derechos fundamentales de las personas en la era digital. El RGPD se erige como una consecuencia lógica de rendición de cuentas de las empresas, dentro de un marco legal adaptado a las necesidades de los usuarios europeos y con vocación pragmática a ser extraterritorial.

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares [1] apunta a un tratamiento de los datos personales legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, estableciendo que los datos personales que, por su naturaleza, resulten particularmente sensibles en relación con el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, merecen una especial protección.

El datasoft law constituye un indicio claro que sirve de base para identificar si nos encontramos en presencia de una posible violación de las diferentes legislaciones. El gobierno de Estados Unidos, recientemente ha declarado su intención de prohibir la famosa red social TikToK en su territorio, siguiendo con la línea trazada por el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (« CFIUS », por sus siglas en inglés) quien ha llegado incluso a considerar que Grindr representa una amenaza para la seguridad nacional, argumentando que el acceso y el manejo de los datos personales del personal militar o de inteligencia, pudieran estar gestionados por desarrolladores de aplicaciones extranjeros[2], particularmente chinos.

Las apps de citas y el RGPD no hacen “Match”

En la actualidad, nos vemos confrontados a un sinnúmero de avisos de privacidad y términos y condiciones al momento de descargar nuestras apps de citas; que pecan, en algunos casos, de base legal inadecuada según la licitud del tratamiento.

El Consejo de Consumidores de Noruega (“NNC” por sus siglas en inglés), entidad gubernamental gestionada por el Ministerio de la Infancia y la Igualdad, publicaba en enero pasado, un informe [3] en el cual se proporciona evidencia sobre cómo diez aplicaciones móviles, han transferido datos personales de sus usuarios a terceros.

Grindr y Tinder se encuentran actualmente, bajo la lupa de los gobiernos europeos por una serie de irregularidades no conformes con las disposiciones del RGPD, bajo el argumento de haber participado en la recopilación ilegal y el uso indiscriminado de los datos personales, violando disposiciones [4] que “prohíben el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas (…) o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual [5]  de una persona física”. OKCupid, por su parte, se le acusa de haber enviado datos a la firma Braze sobre el consumo de drogas, la pertenencia a una etnia particular y el punto de vista político de sus usuarios.

Dentro de las denuncias del NNC basadas en el análisis de la política de privacidad de Grindr, se pretende demostrar como los datos relativos a las preferencias sexuales, la condición de VIH y la geolocalización de sus usuarios fueron transferidos a al menos 135 terceros diferentes involucrados en publicidad y estudios de perfiles comportamentales. Cabe resaltar que este inconveniente no se presentaba en la versión Premium de la app, puesto que los usuarios que se suscriben tienen acceso sin banners, ni anuncios intersticiales.

¿Se redefinirá el business model del mundo de las apps de citas?

El modelo de negocio de Grindr y la política de monetización de su versión gratuita de la app, se basa en la inclusión de banners publicitarios, permitiendo a terceros anunciantes recopilar información sobre sus usuarios, bajo el kit de desarrollo de software SDK (desarrollado por Android Studio).

La empresa Twitter’s MoPub [6]se presenta como la intermediaria y gestora de la transmisión de datos entre la app y terceros. En la tipología de datos personales del usuario que circulan se incluyen la ubicación GPS, sexo, edad, dirección IP, así como datos relativos al sistema operativo, versión de la app y el hardware del móvil. compañías como AT&T's AppNexus y OpenX, y más de 160 socios comerciales de Twitter’s MoPub han tenido acceso a la información

El consentimiento de cada usuario juega un papel central en el cumplimiento, por parte de las apps, de las regulaciones internacionales. Es necesario entender que la auto-determinación informacional, de personas físicas o morales, debe permitir a los usuarios controlar el hecho de que sus datos personales se procesen o no de una cierta manera. Efectivamente, para el tratamiento de datos personales con fines publicitarios en el ecosistema “AdTech”, el consentimiento es la única base jurídica posible.

Las apps, como parte de las organizaciones, tienen un deber de responsabilidad social inherente a su actividad, puesto que los datos personales sensibles que manejan afectan la esfera más íntima de la persona. Así, su utilización indebida puede dar origen a discriminación o poner en riesgo grave el usuario.

¿Qué responsabilidad tendría entonces Grindr en la transferencia de datos personales de un usuario, en un país donde la homosexualidad es todavía considerada como un delito pasible de repercusiones penales como la prisión, la mutilación física, o incluso la muerte?

Los servicios financieros son de las actividades primordiales para las diversas actividades económicas, como en todo, la economía gira alrededor de los flujos de recursos económicos. ¿Qué pasa cuando también son limitados?

Hace unos días, en un Estado de la República del occidente mexicano, tuve la necesidad de acudir a una sucursal física a realizar un trámite. Cabe señalar, que como abogada de modelos digitales, la mayoría de mis operaciones las realizo a través de las aplicaciones en mi teléfono con acceso a Internet.

Más allá del tema de la infraestructura tecnológica que se requiere para tener tanto buena señal de Internet en lugares fijos o de la recepción que puedan tener nuestros teléfonos (dando por hecho que tengamos planes de telefonía que cubran necesidades de estar conectados todo el tiempo), elementos que dan para escribir otra opinión, ¿qué consecuencias tiene el acceso limitado a las sucursales físicas?

En escenarios como el actual, en el que una emergencia que no teníamos planteada, nos afecte en lo menor o que nuestras operaciones se adapten lo más rápido para continuar con la prestación de los servicios, los procesos y las políticas terminan de convertirse en nuestra mejor herramienta, como áreas de cumplimiento y una respuesta a la experiencia de nuestros usuarios.

En mi ejemplo práctico, ¿que hubiera ocurrido con procesos trazados e implementados? y más allá, ¿con la digitalización de servicios?

Primero, la base de datos central del banco de que soy cliente, pudiera haber identificado y comunicado en la llamada que hice, qué sucursales efectivamente estaban cerradas, inclusive considerando las circulares o acuerdos de ayuntamientos que han decretado cierre de establecimientos más allá de las previsiones nacionales.

Segundo, al momento de llegar a la sucursal que intuí estaba abierta, el único cajero que estaba atendiendo, no debería haberse dedicado a atender a la camioneta de valores que llegó y por lo que estuvimos esperando más tiempo.

Tercero, en días que se acerca cierre de mes pudieran tenerse procedimientos de atención más eficientes en medio de pandemia.

Cuarto, ¿realmente cuantos de los que estábamos esperando podríamos haber utilizado medios digitales? Trámites como la apertura de cuenta, cambio de cheques, trámites de retiros de afore, recuperación de medios de disposición, desbloqueo de cuentas, y la necesidad de efectivo, son ejemplos de cuestiones que necesariamente se requieren acudir de manera presencial. Tanto la apertura de cuenta, como el poder sustituir cheques por órdenes de pago que puedan ser cobradas por medios digitales, o procesos que permitan el uso de teléfono o Internet para desbloqueo, pudieron haber eliminado al menos 30% de los asistentes a esa fila de espera.

Más allá de solo digitalizar nuestros productos, acompañemos esas iniciativas de modernización, con un diseño de políticas y procedimientos que no se queden únicamente en papel o en una matriz de cumplimiento normativo en el departamento legal y de cumplimiento, sino que la comunicación y aplicación de éstos, terminarán en dar un mejor servicio a los usuarios.

Termino con mencionar que como todo diseño, pensemos en que en nuestra labor de abogados, control interno, auditores internos, consultores, hay que incluir las realidades de la población en general, aquellos que usan ya la tecnología y aquellos que están aprendiendo a usarla.

Por: Frida Sofía Rojas Cuéllar.

¿Qué es una API y por qué es importante para entender el Open Finance? 

Las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas, conocidas como “APIS” por sus siglas en inglés (Application Programming Interface), en términos generales, son un conjunto de conexiones y especificaciones informáticas entre dos aplicaciones para comunicarse entre sí, intercambiando mensajes o datos.

 (Escrito por: Frida Sofía Rojas Cuellar) El 1° de junio de 2020 entraron en vigor las reformas a las leyes tributarias referentes a las plataformas tecnológicas, por lo que con el fin de facilitar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones fiscales, , se ha creado un minisitio en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) para que las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, así como las personas físicas con actividad empresarial que enajenan bienes, prestan servicios o conceden hospedaje a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, localicen un solo lugar toda la información necesaria para realizar sus contribuciones.