A pesar de que la pandemia por el virus SARS -CoV-2 detuvo prácticamente al mundo entero, no se hicieron esperar los nuevos esquemas de lavado de dinero dentro del marco de la emergencia de salud pública mundial por COVID-19; por esto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participó en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos en Lavado de Activos con países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se abordaron acciones que ayuden a combatir el lavado de dinero, así como el panorama de cooperación internacional en el mismo tema.

La participación de México en estas reuniones representa el esfuerzo que hace la UIF para prevenir que se lleven a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y para combatir las nuevas tipologías que puedan estarse conformando, como consecuencia de un evento imprevisible que ha venido a desequilibrar el orden mundial.

En abril del presente año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó la declaración de su Presidente respecto del COVID-19 y medidas para combatir el financiamiento ilícito1 , como pronunciamientro frente a los nuevos riesgos de delitos financieros, en el cual GAFI advierte a los países miembros para que sus órganos supervisores, unidades de inteligencia financiera e instituciones estén en constante comunicación y alerta para abordar los riesgos de lavado de activos.

Así también, el GAFI señala a los delitos digitales como principales delitos emergentes en el terreno de la pandemia, por lo que también emitió la Guía sobre identificación digital2 en donde se destacan los beneficios de la identidad digital al mismo tiempo que se mitigan los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo instando a los países miembro a examinar la adecuada utilización de las medidas simplificadas.

Por su lado, la UIF publicó dicha declaración como parte de las directrices a seguir para combatir el lavado de dinero en medio de una emergencia de salud que tiene al país entero volteado hacia sus políticas sanitarias más que a sus políticas financieras.

Si bien es cierto, México ha continuado con los convenios entre la UIF y otras entidades u órganos como la COPARMEX o el Gobierno de la Ciudad de México y no ha dejado de lado la pelea antilavado, así también se presenta un nuevo desafío para ésta y todas las unidades, ya que ahora se está exhortando a las instituciones financieras a reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera derivarse de algún ilícito.

Esta pronunciación del Presidente del GAFI va de la mano con los diferentes avisos3 que emitió la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network "FinCen" por sus siglas en inglés) para alertar a las instituciones financieras sobre posibles señales de estafas de impostores y esquemas de mulas de dinero, ambos fraudes al consumidor, que se han observado durante la pandemia por COVID-19. Estos avisos describen además de lo mencionado anteriormente, indicadores de alerta financiera e información sobre cómo reportar actividades sospechosas.

El principal esquema de estafas y fraudes derivados de la actual emergencia de salud es aquél en el que se comercializa equipo médico o se prometen apoyos económicos por parte del gobierno. En México, al inicio de la pandemia, la UIF comenzó a recibir reportes de operaciones sospechosas referentes a fraudes por venta de cubrebocas, medicamentos que falsamente curaban el COVID-19 o donaciones para supuestas investigaciones sobre dicho virus.

De ahí que no resulte sorpresivo que las actividades criminales fueron las únicas que -lamentablemente- no se detuvieron en esta pandemia, no así las actividades económicas, lúdicas, sociales, laborales y hasta de impartición de justicia, que se vieron obligadas a parar en seco por el bien de la ciudadanía. Y es que, no importa en qué situación se encuentre el mundo, el crimen, sea cual sea su objeto, pareciera que siempre encuentra la manera de sobresalir por encima de cualquier otra e incluso innovar en los esquemas bajo los que se llevan a cabo actividades ilícitas.

Bajo este escenario y estando inmersos en una nueva realidad sanitaria, que no podemos dejar de lado, se encuentran todos los actores del sistema financiero, incluyendo a las autoridades y los que procuran el cumplimiento normativo que ayude al combate de este delito en nuestro país, tomando nuevas medidas y sobre todo sumando esfuerzos para que el análisis de todas las operaciones que se lleven a cabo dentro de sus instituciones cobre fuerza y no sea un simple trámite.

No resta importancia mencionar que, los oficiales de cumplimiento y sus equipos deben comprender la importancia de su papel dentro del aparato combativo al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que son bajo sus lupas donde se llevan a cabo las operaciones que pueden llegar a permear al sistema financiero.

Ante este panorama, aunado a los esfuerzos por cumplir con las normas sanitarias y combatir un virus que llegó sorpresivamente a azotar al mundo entero y darle un giro a las vidas de los ciudadanos de prácticamente todos los países, también nos enfrentamos a nuevos retos en el ámbito financiero con la presencia de actividades que deriven de delitos que lamentablemente ocurren en el marco de esta pandemia y que, valiéndonos del término, mutan junto con la realidad para seguir llevando a cabo sus fines ilícitos y para los que debemos estar preparados y alertas.

Los servicios financieros son de las actividades primordiales para las diversas actividades económicas, como en todo, la economía gira alrededor de los flujos de recursos económicos. ¿Qué pasa cuando también son limitados?

Hace unos días, en un Estado de la República del occidente mexicano, tuve la necesidad de acudir a una sucursal física a realizar un trámite. Cabe señalar, que como abogada de modelos digitales, la mayoría de mis operaciones las realizo a través de las aplicaciones en mi teléfono con acceso a Internet.

Más allá del tema de la infraestructura tecnológica que se requiere para tener tanto buena señal de Internet en lugares fijos o de la recepción que puedan tener nuestros teléfonos (dando por hecho que tengamos planes de telefonía que cubran necesidades de estar conectados todo el tiempo), elementos que dan para escribir otra opinión, ¿qué consecuencias tiene el acceso limitado a las sucursales físicas?

En escenarios como el actual, en el que una emergencia que no teníamos planteada, nos afecte en lo menor o que nuestras operaciones se adapten lo más rápido para continuar con la prestación de los servicios, los procesos y las políticas terminan de convertirse en nuestra mejor herramienta, como áreas de cumplimiento y una respuesta a la experiencia de nuestros usuarios.

En mi ejemplo práctico, ¿que hubiera ocurrido con procesos trazados e implementados? y más allá, ¿con la digitalización de servicios?

Primero, la base de datos central del banco de que soy cliente, pudiera haber identificado y comunicado en la llamada que hice, qué sucursales efectivamente estaban cerradas, inclusive considerando las circulares o acuerdos de ayuntamientos que han decretado cierre de establecimientos más allá de las previsiones nacionales.

Segundo, al momento de llegar a la sucursal que intuí estaba abierta, el único cajero que estaba atendiendo, no debería haberse dedicado a atender a la camioneta de valores que llegó y por lo que estuvimos esperando más tiempo.

Tercero, en días que se acerca cierre de mes pudieran tenerse procedimientos de atención más eficientes en medio de pandemia.

Cuarto, ¿realmente cuantos de los que estábamos esperando podríamos haber utilizado medios digitales? Trámites como la apertura de cuenta, cambio de cheques, trámites de retiros de afore, recuperación de medios de disposición, desbloqueo de cuentas, y la necesidad de efectivo, son ejemplos de cuestiones que necesariamente se requieren acudir de manera presencial. Tanto la apertura de cuenta, como el poder sustituir cheques por órdenes de pago que puedan ser cobradas por medios digitales, o procesos que permitan el uso de teléfono o Internet para desbloqueo, pudieron haber eliminado al menos 30% de los asistentes a esa fila de espera.

Más allá de solo digitalizar nuestros productos, acompañemos esas iniciativas de modernización, con un diseño de políticas y procedimientos que no se queden únicamente en papel o en una matriz de cumplimiento normativo en el departamento legal y de cumplimiento, sino que la comunicación y aplicación de éstos, terminarán en dar un mejor servicio a los usuarios.

Termino con mencionar que como todo diseño, pensemos en que en nuestra labor de abogados, control interno, auditores internos, consultores, hay que incluir las realidades de la población en general, aquellos que usan ya la tecnología y aquellos que están aprendiendo a usarla.